México SA!!!

Carlos Fernández-Vega
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■ Violación legal y ética de las leyes

■ Empresario-funcionario

Cero y van dos. De la biografía impoluta, la niñez feliz y la bella provincia mexicana como táctica justificatoria, Juan Camilo Mouriño pasó al reconocimiento abierto de su doble condición (empresario-funcionario) con la que firmó, “ética y legalmente”, los contratos con Pemex-Refinación, en beneficio de Transportes Especializados Ivancar, propiedad de su familia.

Si resbaló feamente en la primera salida al ruedo (28 de febrero) tras la denuncia de Andrés Manuel López Obrador, al comparecer el jueves por la noche en la que considera la máxima tribuna del país, Televisa, Mouriño se fue de frente hasta estamparse en la pared.

El primer zombi político de cierto nivel que reporta el calderonismo, preocupado por lo que “las amas de casa” lleguen a pensar de él, aseguró que a la hora de firmar los citados contratos y siendo funcionario de la Secretaría de Energía (primero como coordinador de asesores del en ese entonces titular de la dependencia, Felipe Calderón, y después como subsecretario del ramo) “no tenía nada que ver con el tema de hidrocarburos”. De hecho, aseguró, “antes de firmar cualquier documento verificó que ese documento que voy a suscribir sea por el lado legal, y mi participación suscribiéndolo también lo sea; ese documento, que sí es auténtico, fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna participación ilegal de mi parte”.

Pues bien. Suficiente sería que Iván, y a su lado quienes ahora dicen que “no hay sustento jurídico” para proceder en contra del empresario-funcionario, echara un vistazo a tres documentos específicos: la Constitución, la leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Orgánica de la Administración Pública Federal. Allí encontrará elementos más que suficientes para constatar que, en efecto, violó la legislación vigente al firmar dichos contratos en su doble condición de funcionario de Energía y apoderado legal de Ivancar, y a la par se enteraría que uno de los principales “temas” que a la Secretaría de Energía corresponde atender es, precisamente, el de los hidrocarburos.

Será el preferido del inquilino de Los Pinos, pero en su artículo 108 la Constitución es clarísima (el destacado es mío): “para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal (como asesor o subsecretario, por ejemplo) o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. LEER MAS...